Secretaría de la Contraloría> Responsabilidades> Manifestacion de bienes y sanciones

Control de manifestación de bienes y sanciones


Clic

Asesoría a servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes por anualidad

Módulos de Atención en: Palacio de Gobierno, Dirección General de Responsabilidades, 7 Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana, Procuraduría General de Justicia y en la ASE.

A través del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), al 070 (Valle de Toluca) y 01 800 6969696, se proporcionará la orientación y asesoría a los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes por anualidad las 24 horas los 31 días del mes de mayo de 2008.


Clic

Asesoría a servidores públicos designados para el seguimiento del cumplimiento de la manifestación de bienes por anualidad

De manera personal en la Dirección General de Responsabilidades, Av. Primero de Mayo 1731, 2o piso, Zona Industrial, Toluca, México.

Vía telefónica, al 275 67 00, Exts. 6524, 6621 y 6638 (Valle de Toluca) o al 01 800 720 02 02 todos los días del mes de mayo de 2008.


Manifestación
de bienes

Es el procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Estado de México y de sus municipios que están sujetos a un régimen de control patrimonial cumplen con la obligación que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios les impone, consistente en su deber de declarar el patrimonio con el que ingresan al servicio público, las modificaciones que éste tenga anualmente, y la situación que guarda al concluir con su empleo, cargo o comisión públicos. La Dirección General de Responsabilidades brinda asesoría a los interesados en el llenado de las manifestaciones de bienes, y les expide copias certificadas de aquellas que han presentado previamente.

Registro de sanciones y de procedimientos administrativos

La Secretaría lleva el registro centralizado, tanto de las sanciones administrativas como de las responsabilidades resarcitorias impuestas por los órganos de control interno estatales y municipales, y de los procedimientos administrativos iniciados. Su fin es que lo consulten quienes llevan a cabo la contratación de personal a nivel estatal y municipal, y así evitar el ingreso al servicio público de personas que tengan impedimento legal para prestarlo.